En un desayuno desarrollado en la Gobernación Provincial de San Antonio, organizaciones vecinales, de salud y otros miembros de la ciudadanía fueron informados sobre la ley que promulgó ayer la presidenta Bachelet.

La gobernadora provincial Graciela Salazar en conjunto con la seremi de Gobierno Katherine Araya, conversaron con la ciudadanía esta mañana sobre las características de la nueva ley Ricarte Soto, ley que tiene como objetivo principal garantizar universalmente el derecho de acceso a diagnósticos y tratamientos de alto costo a todos los beneficiarios de los sistemas de salud previsionales de Chile. Esta nueva ley está dirigida a todos los chilenos y chilenas, sin distinción de su sistema previsional y sin importar su situación socioeconómica.

“Esta ley es la respuesta del gobierno a las demandas ciudadanas”, dijo la gobernadora provincial Graciela Salazar. Y agregó: “Viene a reflejar el sentir y el llamado que estaba haciendo la comunidad desde hace algún tiempo y que fue escuchado por la presidenta Michelle Bachelet”. En ese sentido hay que recordar que fue el periodista Ricarte Soto quien inició esta cruzada con intervenciones en los medios de comunicación y marchas de los enfermos, a las que también se sumó en su oportunidad la comunidad sanantonina.

Por su parte la seremi de Gobierno Katherine Araya comentó que esta ley “va a generar un sistema de protección tanto para los diagnósticos como para enfermedades de alto costo y hoy con la gobernadora lo que hicimos fue poder generar un diálogo con personas pertenecientes a los sistemas de salud para dar a conocer los procesos de esta ley, cómo se va a ir implementando y a la vez escucharlos: saber cuál es su sentir, sus opiniones y preocupaciones”, dijo.

La “Ley Ricarte Soto” garantiza el tratamiento de enfermedades de alto costo. Estas se entienden como las que tienen un valor igual o superior al 40% del ingreso promedio familiar anual de Chile, descontando los gastos básicos de subsistencia, cifra a la que se le ha llamado “umbral”. Por tratamiento se entiende aquel constituido por medicamentos, alimentos o elementos de uso médico asociados a enfermedades o condiciones de salud y por las prestaciones indispensables para su confirmación diagnóstica y seguimiento, que por su costo impiden el acceso a estos o, si acceden, impactan catastróficamente en el gasto de los beneficiarios.

La ciudadanía ocupa un rol trascendente en el funcionamiento del Sistema que regula esta ley. La Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control del Sistema tendrá como función asesorar a los ministros de Salud y Hacienda, a través del monitoreo del funcionamiento de este Sistema y de la respectiva elaboración de recomendaciones, estando facultada para conocer y ser informada sobre diversas materias por las instituciones relacionadas con este sistema.

Esta Comisión está conformada por cuatro representantes de asociaciones de pacientes elegidos por éstos, dos académicos de facultades de medicina, dos representantes de asociaciones científicas y cuatro expertos.

Los asistentes a este desayuno en la Gobernación Provincial de San Antonio se mostraron muy contentos tanto por la promulgación de la ley por parte de la Presidenta, como también por el hecho de haber escuchado directamente de la gobernadora y la seremi las características de la ley, información que replicarían en sus respectivas comunidades.