La directiva del sindicato de trabajadores de Tecnorec manifestó a las autoridades la preocupación del futuro laboral de sus socios por el cierre temporal de las faenas de la empresa, por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente. El presidente del sindicato Miguel Moya Mendoza, indicó que los trabajadores están en conocimiento de la angustia de los residentes del sector de Agua Buena al constatar que existen resultados médicos que indican la presencia de plomo en la sangre de algunos niños. Sin embargo,  Moya declaró que “los trabajadores de la empresa somos los principales impulsores en exigir que se respeten las medidas de seguridad al interior del recinto”.
La seremi Karen Medina indicó que existe un real compromiso desde el Gobierno por respetar las medidas de medio ambiente y laboral, por lo tanto, indicó que se hace necesario mantener un equilibrio entre la producción de la empresa, la comunidad, normas de medio ambiente y de salud pública. “Se debe respetar las condiciones laborales de los propios trabajadores y el entorno, en relación por ejemplo al pago de los sueldos y sus cotizaciones que no sean afectadas por la paralización de la producción durante estos 15 días”, indicó Medina.
También la seremi aclaró que en la eventualidad de cierre de la empresa, se debe velar por los derechos de los trabajadores “nosotros esperamos que la empresa tome los resguardos de aquí al plazo que tiene,  para poder reiniciar las faenas de producción limpia, que se den las garantías efectivas de no seguir contaminando y también se deben revisar los temas de mitigaciones y daños que se han generado en la comunidad. Específicamente en temas laborales nos preocupa la posibilidad de un cierre definitivo de la empresa, en este caso hay una situación de garantizar a los trabajadores en materias de sueldos y finiquitos”, declaró Karen Medina.
Durante la reunión la gobernadora Salazar comentó que las algunas vecinas del sector de Agua Buena estaban preocupadas porque constataron un tránsito normal de trabajadores en la empresa, a pesar de la notificación de 15 días de cierre, frente a esta duda Salazar declaró “explicamos a las vecinas que el cierre de la empresa compete la paralización de los trabajos de producción, que la empresa no está cerrada y que los más posible es que el personal que transita en el lugar corresponda al área administrativa”. La gobernadora también indicó que las vecinas y vecinos que se sienten afectados van a reunirse para determinar a sus voceras y representantes, para generar un encuentro de diálogo con los trabajadores, a corto plazo.
Frente a este posible encuentro el presidente del sindicato, Miguel Moya indicó que lo importante es la voluntad del diálogo en un ambiente de respeto y tolerancia, ya que para los trabajadores la empresa significa el sustento económicos para sus propias familias, no obstante, empatizan con la preocupación de los vecinas por la posible contaminación en el sector, “nosotros no queremos contaminar, queremos trabajar y no queremos ser nombrados como contaminadores, también somos padres”, agregó Moya.